ETXERAT (22-4-2020). El Covid-19 ha provocado una gran crisis sanitaria y, la necesidad de proteger la salud de las personas, ha llevado a todos los países a adoptar decisiones que nos han cambiado la vida a todas y todos. También en el ámbito penitenciario, ámbito al cual los cambios, los avances sobre todo, llegan siempre al final, se están tomando decisiones importantes en países de todo el mundo. Las noticias nos hablan de miles de personas presas liberadas. Incluso en muchos Estados se han articulado medidas para liberar a decenas de miles de personas encarceladas.

Desgraciadamente, no es el caso del Gobierno del Estado Español. Aquí, la única medida que se ha adoptado en política penitenciaria ha sido el aislamiento de las cárceles lo que en la práctica se ha traducido en la restricción de la comunicación de las personas presas con su entorno familiar y afectivo y la eliminación de cualquier tipo de actividad en el interior, incluso de las actividades tratamentales. Son medidas que pueden retrasar la llegada del virus a la cárcel, pero que no sirven para evitar las consecuencias devastadoras de la infección una vez que el virus traspase los muros de las prisiones máxime si tenemos en cuenta la deficitaria situación de la atención sanitaria en las cárceles. Se está comprobando ya en lugares como Estados Unidos, donde hay prisiones como la de Chicago en las cuales las tasas de contagio dentro de la prisión multiplican por 30 a la que se registra en el mismo condado. Es lo que cabe esperar teniendo en cuenta la realidad de las cárceles: masificación, condiciones de higiene, proliferación de otras enfermedades, etc.

Más de 70 organizaciones sociales de todo el Estado Español venimos reclamando, entre otras medidas, la excarcelación de personas presas como mejor y única medida para prevenir los contagios por covid-19 en las cárceles y para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas. En este sentido también la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), han reclamado a los estados la adopción de medidas de política penitenciaria dando prioridad a la necesidad de reducir sensiblemente la población carcelaria, buscando alternativas a las penas privativas de libertad y procediendo a la excarcelación de personas presas con perfiles de bajo riesgo, así como de aquellos que son especialmente vulnerables al Covid-19, como las presas y presos aquejados de otras enfermedades graves, las de avanzada edad, las mujeres embarazadas y con hijas e hijos dependientes a su cargo, etc. Además, la Comisaria de DDHH del Consejo de Europa o la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han pedido a los Gobiernos, que con premura, pongan en libertad a estas personas presas, ante la grave situación creada por la pandemia del Coronavirus. Y además lo hagan sin crear excepcionalidades en la aplicación de estas medidas.
 
A pesar de que hace ya varias semanas de que la OMS hiciera públicas estas recomendaciones, a día de hoy el Gobierno del Estado Español sigue sin dar un solo paso en la puesta en práctica de las mismas. Entendemos que no es el camino y que puede tener consecuencias catastróficas en un plazo no muy largo de tiempo. Apelamos al conjunto de la ciudadanía de Navarra, a todas las instituciones, agentes sociales, sindicales y políticos para que se unan en la exigencia al Gobierno de España a que con urgencia diseñe y ejecute un plan de medidas en política penitenciaria que dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la OMS y el CPT del Consejo de Europa. La legislación penitenciaria vigente en España dispone de herramientas, como las contempladas en los artículos 86.4 y 100.2 del Reglamento penitenciario que hacen viable un plan de excarcelaciones controladas que descarguen las prisiones y prevengan las consecuencias de la propagación de la pandemia en las mismas.
 
Así mismo solicitamos se garantice la comunicación de las personas presas con familiares y personas allegadas habilitando las comunicaciones mediante video conferencia y de forma gratuita. Igualmente solicitamos el restablecimiento de las visitas con las personas presas.Para ello se deberá autorizar los desplazamientos a otras prisiones o proceder a trasladar a cárceles próximas a su lugar de origen a todas las personas presas navarras o con arraigo en Navarra que así lo deseen y que actualmente se encuentran presas en otras cárceles. De hecho, el Parlamento navarro ya ha aprobado, por mayoría, resoluciones a favor del fin del alejamiento.
 
Solicitamos también el restablecimiento de las actividades dentro de las cárceles, garantizando en todo caso la salud. Es cuestión de voluntad política, y vivimos un tiempo en el cual más si cabe que nunca la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía. También de las personas presas.
 
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