DIARIO VASCO. El portavoz de la asociación de familiares de presos, Etxerat, Urtzi Errazkin (Donibane Garazi, 1975), explica cómo para visitar a su hermano, Ugaitz Errazkin, recluso de ETA, debe recorrer 600 kilómetros desde Hernani hasta Châteauroux. «Hasta ahora estaba más lejos, en París, pero el viaje era más fácil y en transporte público», lamenta. Para acabar con estas situaciones o con la de los presos enfermos, Etxerat aspira a firmar un «acuerdo social» con la mayoría de partidos, incluidos PNV y PSE, para socializar esta reivindicación y hacerla llegar, posteriormente, «a la sociedad española».

-¿En qué consiste el acuerdo social que quieren impulsar junto a partidos y sindicatos?

-Visto que la gran mayoría de la sociedad vasca y el acuerdo de Gobierno PNV-PSE están de acuerdo en acabar con el alejamiento y en que se excarcele a los presos enfermos, dimos el paso de una ronda de contactos con partidos y sindicatos. Todos nos han recibido, salvo PP y UPN. Nos gustaría escenificar y refrendar con partidos y sindicatos, a través de un acuerdo amplio y un texto muy básico, esto que la sociedad está demandando.

-¿Qué cesiones prevén hacer en aras a ese consenso?

-Las palabras hay que cuidarlas mucho. Aunque para nosotros los presos son políticos, sabemos, por ejemplo, que esa palabra puede crear problemas a algunos partidos o sindicatos. El texto está sin concretar y no será fácil, aunque vemos posibilidades de salir adelante. Queremos alejar este proceso de todo partidismo político. El protagonista debe ser el acuerdo, ni siquiera Etxerat.

-¿Han hablado con miembros del PSE? ¿Qué les han transmitido?

-Hemos recibido en las reuniones una receptividad bastante buena. Para empezar, nadie nos ha dicho que 'no', algo que es importante.

-¿Con el PP es imposible?

-Sigue erre que erre en su estrategia de venganza pura y dura, pero vemos que en España gobierna en minoría y ahí se pueden dar pasos. Debemos conseguir informar a la sociedad española de lo que supone la dispersión. Si llegamos ahí, la gente se concienciaría y nos daría la razón, y eso ayudaría a que el PP diera pasos. Es difícil, pero si se materializara en Euskadi el acuerdo social nos podría abrir esa puerta de la sociedad española que ahora está totalmente cerrada.

-En Euskadi existe una mayoría social clara contra la dispersión o por la libertad de los enfermos, pero se detectan dificultades para ensanchar ese apoyo a las movilizaciones. ¿Las heridas de la violencia de ETA y el lento ritmo del colectivo de presos, EPPK, a la hora de avanzar dificultan la empatía?

-Ha habido un conflicto político muy fuerte, con mucho daño por todos los lados, y esas heridas están abiertas. Nosotros, de hecho, las sufrimos en presente. Es verdad que falta por avanzar en la reconciliación y convivencia, pero nosotros tratamos de dar pasos para ayudar. Además, solo estamos hablando de derechos humanos.

-¿Ayudaría una mayor autocrítica de los presos?

-Nosotros no hemos elegido ser 'familiar de'. Nos ha tocado. Lo que tengan que hacer nuestros familiares les corresponde a ellos. Lo que exigimos es que se cumplan sus derechos. Me niego a pensar que los derechos humanos se vinculen a contrapartidas.

-¿Les consta la existencia de un informe de Instituciones Penitenciarias que endurece las condiciones de los presos enfermos?

-Desde que ETA cesó la lucha armada se ha endurecido la situación. El caso de Ibon Iparragirre, un preso con sida gravemente enfermo, es sangrante. En cambio, Galindo u otros fueron excarcelado por enfermedades pese a que tenían 70 años de cárcel.

-El tribunal de Estrasburgo ha rechazado tres demandas contra la dispersión.

-No es una buena noticia. Pero no estamos de acuerdo con el argumento de que, porque un preso reciba 200 visitas, no existe un problema. En los viajes ha habido 16 muertos. En todo caso, tenemos claro que el fin de la dispersión vendrá por una decisión política más que por Estrasburgo.

-¿Cómo ven el caso de la presa Majarenas y su hija Izar, apuñalada por su padre?

-Lo primero, que estuviera la madre con su hija, se ha conseguido, tras su traslado a un hogar de acogida. Pero hay que recordar que ha cumplido 12 de 13 años por lo que si quitamos las leyes de excepción que se les aplica, estaría ya en la calle. Se siguen vulnerando los derechos de Sara y su hija.

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