ETXERAT (28-4-2022). A las y los presos vascos se les exigen condiciones más estrictas que al resto. Cualquier paso que dan en su recorrido jurídico-penitenciario se ve frenado por requisitos muy rigurosos y fuera de lugar, impropios del nuevo tiempo. Esta realidad es reiterativa, refleja el complicado contexto que pervive en Euskal Herria, dificulta la construcción de la convivencia, y, sobre todo, deja en evidencia la falta de voluntad política del Estado español por ir hasta el final en la aplicación de una política penitenciaria normalizada.
Lo vienen denunciando juristas, abogadas y agentes sociales durante las últimas semanas. La Audiencia Nacional y el Juzgado central de Vigilancia Penitenciaria continúan obstaculizando los permisos de salida y terceros grados que las juntas de tratamiento, las propias cárceles que son las que mejor conocen a los presos, su evolución, proponen para muchos presos y presas.
Y es que, el rumbo de la política penitenciaria que se les aplica continúa dependiendo de tribunales y leyes de excepción. Viejas recetas en sintonía con la presión que algunas asociaciones de víctimas y los sectores políticos más ultras, de amplio arraigo en España, ejercen a fin de que se perpetúe la excepcionalidad y el castigo en clave de venganza.
A estas alturas, los 85 encarcelados en prisiones ubicadas fuera de Euskal Herria deberían estar ya en cárceles vascas. Si se les aplicara la legislación penitenciaria ordinaria, una gran parte de las y los presos vascos deberían conocer ya, en diferente medida, la libertad. Ahí tenemos, como ejemplo, el caso paradigmático de Joseba Arregi. Con 75 años de edad, multipatologías y 30 años encarcelado, el oñatiarra cumplió las tres cuartas partes de su condena española en 2019, no le han computado los 10 años de la condena francesa, y ahora, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado que le había dado la prisión de Martutene.
Les están arrebatando, al igual que a sus familiares y a su entorno, el tiempo de vuelta a la sociedad vasca. El tiempo que les pertenece. Faltan a la verdad quienes sostienen que a los presos vascos les aplican beneficios. Estamos hablando de derechos, los mismos que se negaron a los deportados políticos vascos Anjel Aldana y Txetxu Urteaga, que fallecieran hace ahora 6 y 2 años, sin volver a casa. Nos referimos a la vuelta de los 33 exiliados que, como Nekane Txapartegi, a quien saludamos en su regreso, tienen también derecho a contribuir a la construcción de la sociedad vasca del futuro.
Es importante, determinante, continuar movilizándonos, seguir denunciando en todos los ámbitos que podamos la conculcación de derechos que padecen los represaliados vascos. Se acercan fechas importantes para seguir saliendo a la calle y lograr que revierta el bloqueo.
Izan bidea!
Etxean eta bizirik nahi ditugu!