ETXERATÉste es el texto de la comparecencia que hemos realizado hoy en Bilbo el Foro Social, junto a Etxerat y Sare. El pasado 29 de mayo, en una rueda de prensa en este mismo lugar, anunciamos que acabábamos de iniciar una ronda de encuentros con diferentes instituciones y agentes con dos objetivos:

⦁Presentar las conclusiones del IV. Foro Social sobre la cuestión de la “Reintegración de las personas presas y huidas”
⦁Compartir con los diferentes agentes los cincos puntos de la “Agenda urgente de resolución”.
 
Desde entonces, el Foro Social se ha reunido con el Gobierno Vasco, la Presidenta del Parlamento de Navarra Ainhoa Aznarez, con Ana Oregi, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, con los Arartekos de ambos territorios y la última reunión, por el momento, se ha realizado el pasado sábado día 21 con el colectivo de personas presas EPPK en la prisión de Albolote (Granada). Además, se han mantenido reuniones con numerosas entidades de la sociedad civil y con 72 personalidades con las que ha compartido su diagnóstico.
 
Decimos “por el momento” porque estamos a la espera de concretar reuniones con el Gobierno de Navarra y los delegados del gobierno español en Navarra, señor Arasti, y en la Comunidad Autónoma Vasca, señor Loza. 
 
Estimamos que con los elementos reunidos podemos presentar un “balance de etapa”, a la espera de terminar esta ronda de encuentros. Hay que recordar que tomamos esa iniciativa tras la disolución de ETA y con un gobierno presidido por Mariano Rajoy.
 
Desde el 9 de abril de 2017, al día siguiente del desarme, numerosos agentes empezamos a trabajar en generar espacios de diálogo entre los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil, que generasen a su vez una serie de acuerdos mínimos. Se trataba de construir las confianzas necesarias entre diferentes para ir definiendo lo que en nuestras conclusiones del IV. Foro Social caracterizamos como una “hoja de ruta para la reintegración de las personas presas y huidas”. Desde el Foro Social y desde numerosos de esos agentes trabajábamos con un horizonte: tras la disolución de ETA, se podría avanzar en esta cuestión. Podemos afirmar con conocimiento de causa que el propio Partido Popular en Madrid venía trabajando también en ese escenario.
 
Ese largo trabajo ha ido recogiendo sus frutos en acuerdos institucionales en los Parlamentos Vasco y de Navarra, en Juntas Generales y, más recientemente, en ayuntamientos, en temas como transferencias de competencias en materia de prisiones, presos enfermos y acercamiento. No ha sido un camino fácil. Se han producido parones y acelerones, pero la perseverancia ha permitido ir consolidando un nuevo escenario.
 
La primera conclusión que extraemos de esta ronda de encuentros es que, hoy en día, existe un extenso consenso consolidado en nuestro país en torno a lo que hemos definido como “agenda urgente de resolución” y que contempla cinco puntos:
 
⦁Personas presas enfermas y mayores de 70 años
⦁Acercamiento a cárceles vascas
⦁Evolución de primer a segundo grado
⦁Acumulación de penas cumplidas en Francia
⦁Transferencias en materia penitenciaria
 
La segunda conclusión se refiere a una constatación: tras muchos años en que el nudo de esta cuestión ha estado bien “apretado”, hoy en día este nudo se va soltando. Existe una ventana de oportunidad.
 
La tercera: Todos los actores coinciden en que nos encontramos en un momento en el que se está definiendo el “terreno de juego” y, aunque aún quedan muchas cosas por definir, entre ellas y muy importante, el programa de reintegración y sus contenidos, el propio gobierno español va poco a poco dibujando su hoja de ruta. 
 
Un pequeño foco sobre la reunión que mantuvimos el pasado sábado en la cárcel de Albolote en Granada. Se trata de la tercera reunión que se mantiene después de la primera realizada el pasado 6 de enero y de la que se informó públicamente. A esta tercera reunión se ha incorporado una segunda persona en nombre del EPPK, la señora Ainhoa Mujika Goñi, lo que eleva de manera notable la interlocución. El señor Olarra Guridi solicitó una sala para poder celebrar la reunión en condiciones optimas, lo que fue denegado por la dirección de la cárcel.  Pese a las malas condiciones ambientales (sólo 40 minutos, con un cristal interpuesto, mucho ruido de entorno, …) valoramos positivamente el trabajo que estamos realizando con el EPPK. De esta reunión, obtenemos cuatro conclusiones:
 
⦁Las personas presas están esperanzadas con el nuevo escenario, aunque mantienen una lógica prudencia a la espera de que se concreten los pasos anunciados.
⦁Legalidad penitenciaria: los portavoces reiteraron su total disponibilidad a recorrer el camino dentro la legalidad penitenciaria en una perspectiva final de excarcelación.
⦁Reconocimiento del daño causado: su absoluta y sincera disposición de aportar en este aspecto.
⦁Su total disponibilidad por aportar de manera constructiva y realista en la prefiguración de la hoja de ruta contribuyendo a la misma a través de su interlocución con el Foro Social.
Con todos estos elementos reunidos, desde el Foro Social Permanente entendemos que la hoja de ruta debe pretender responder de manera integral a esta problemática, y que esta debe construirse sobre cuatro criterios clave:
 
PRIMERO: Mantener el consenso institucional, político y sindical en esta fase, para lo que el diálogo debe ser el instrumento.
SEGUNDO: Escuchar la opinión de las personas presas. Este es un aspecto necesario. De la misma manera que los presos no pueden hacer diseños solos desde sus celdas y lejos de la realidad, tampoco se pueden hacer diseños “fuera” sin contar con los que tienen que hacer ese recorrido,.
TERCERO: Que el programa de reintegración en el que se esta ya trabajando sea en clave exclusiva de resolución. El objetivo es que lo recorran el conjunto de los presos.
CUARTO: Huir de esquemas de “vencedores y vencidos”, evitar los protagonismos o los cálculos electorales.
 
Desde el Foro Social Permanente defendemos el método de éxito aplicado en el desarme y, en parte, en la disolución de ETA: la triangulación. Entendemos que generar un acuerdo amplio, inclusivo y transversal entre los gobiernos, los propios presos y la sociedad civil será la clave del éxito en este tema.
 
Pero, así como decimos que debemos escuchar a las personas presas, también creemos fundamental que los cambios en política penitenciaria se hagan escuchando a las víctimas.
 
El método aplicado por Macron en enero en París nos parece acertado. El gobierno español ya ha dado los primeros pasos en ese mismo sentido. Es preciso explicar a las víctimas esos cambios, escuchar sus opiniones, decirles que no se trata de ningún privilegio, sino de la aplicación estricta de la legislación en materia penitenciaria y que los beneficios previstos se ajustan a los aplicados a cualquier preso. Las víctimas, todas las víctimas, deben ser escuchadas. Las organizadas y la mayoría no organizada. Pero las políticas públicas deben estar basadas en el interés general, que en este caso es seguir avanzando hacia la resolución integral.
 
Etxerat, por su parte, ha realizado esta aportación en la misma comparecencia:
 

El pasado 29 de mayo recordamos en este mismo lugar y en las mismas circunstancias, también compartiendo mesa con el Foro Social y Sare, que los familiares y allegados de los presos políticos vascos seguimos sin poder hablar del sufrimiento en pasado, porque nuestro sufrimiento continúa ligado al presente.

Hoy queremos saludar el balance que realiza el Foro Social, derivado del trabajo realizado al objeto de consolidar un nuevo escenario y compartimos la constatación del amplio consenso que existe en nuestro pueblo en relación con la agenda urgente de resolución. Pero debemos volver a poner sobre la mesa que, desgraciadamente, continuamos siendo víctimas potenciales. Somos más de 4.000 víctimas potenciales que seguimos poniendo en riesgo, cada semana, nuestra vida y nuestra salud, por seguir manteniendo nuestro derecho a las visitas.

Reclamamos por ello la máxima urgencia para acabar con el alejamiento y la puesta en libertad de los presos con enfermedades graves. Los derechos no están sujetos a contrapartidas. Los derechos se respetan o se conculcan y el Gobierno español, a día de hoy, los sigue conculcando.

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