ETXERAT (5-10-2020). Las consecuencias de los confinamientos y la restricción o suspensión de comunicaciones por casos de positivos en Covid-19 en las prisiones del Estado español han creado una situación inadmisible para las presas y presos políticos vascos alejados y para sus familias.
Los traslados a cárceles menos alejadas de Euskal Herria realizados en los últimos meses no evitan que, en este momento, 180 de los 189 presos y presas del Colectivo EPPK encarcelados en el Estado español, continúen en situación de alejamiento y que las consecuencias de esta situación las sufran tanto ellas y ellos como sus familias.
Etxerat recuerda que se suman ya nueve meses de una situación que se ha vuelto insostenible. La suspensión temporal de comunicaciones vis a vis es continua, afectando permanentemente a más de una treintena de cárceles en que se encuentran presos vascos, por lo que en este tiempo sólo se han realizado de forma ocasional.
Esto, unido a las dificultades de los largos desplazamientos, ha privado de la posibilidad de visitar a sus familiares a niños, menores y personas de edad avanzada. Las dificultades para comunicar también se dan dentro. En la prisión de Aranjuez los padres presos no pueden ver a los hijos e hijas que están con sus madres en prisión.
Este fin de semana se ha producido el cierre incluso de los locutorios de Soto del Real, lo que ha impedido cualquier tipo de comunicación con los tres presos vascos allí encarcelados. Dos familias, contando con las respectivas autorizaciones, se trasladaron este fin de semana a las prisiones de Villena y la citada Soto del Real para encontrarse con que, debido a los positivos detectados, se suspendían las visitas. Dos trayectos de 1.400 y 1.000 km realizados en vano.
Reiteramos que los y las presas deben ser trasladados con urgencia a las cárceles vascas, a las más próximas a sus lugares de vinculación porque cada día son mayores las consecuencias irreparables del alejamiento para las personas encarceladas y para sus familias.
Etxerat hace un llamamiento para impulsar y reforzar el trabajo a favor de los derechos de los y las presas, secundando las movilizaciones organizadas. Terminar con esta situación y sus graves consecuencias, es responsabilidad de todos y todas.