ETXERAT. Corren tiempos en los que el mero hecho de mostrar solidaridad es delito en el estado español. El intento de acosar a los familiares de las y los presos políticos vascos es doblemente infame, puesto que ser familiar es una condición que no elegimos. Por tanto, les decimos que ser familiar no es delito ni motivo de acoso. Y sin embargo, recalcamos, queremos a nuestros familiares sin lugar a dudas, y seguiremos haciéndolo, visitándolos allí donde estén.

14 son los familiares que el próximo martes y miércoles se verán en la obligación de declarar como testigos en el Juzgado Central de Madrid. ¿El motivo? Subrayamos: aún lo desconocemos. Intuirlo, no es difícil. Menos en esta vorágine de acusaciones y detenciones. Un estado que se dice de derecho, no debería de actuar así. El aparato judicial español, lejos de ser un garante de los derechos que a todos lo ciudadanos nos corresponden, está demostrando, y más en los últimos años, ser un objeto manipulable y moldeable. La falta absoluta de garantías y la irracionalidad campan a sus anchas.

En esa sin razón, hay algo rebuscado, pero que en vez de dotarlo de sentido sentido, lo hace, como hemos dicho, más mezquino aún. Sabemos que quieren reducir a las cenizas todo lo que huela a solución al conflicto político. En su lucha por reescribir la historia y empecinamiento en un irreal y absurdo relato de vencedores y vencidos, quieren echar capas de arena sobre los familiares, como si se pudiera negar nuestra existencia y nuestro sufrimiento, y aislar del todo a nuestros familiares presos y exiliados. Es tanto el escozor que les provoca la solidaridad, y que no es exclusiva solo del pueblo vasco, que la persiguen, en todas sus expresiones, hasta en la internacional.

Recordamos que fueron 127 familiares los que en un principio recibieron de forma irregular la citación por parte de la Guardia Civil para declarar en los cuarteles de La Salve e Intxaurrondo. ¿Cuál es el objetivo? Más que dificultar las visitas, se trata de dificultar la asistencia jurídica (que no sólo consiste en el juicio sino en todo el recorrido por las normativas y directrices penitenciarias) hasta hacerla inviable, que es mucho más grave que las horas de viaje que supone el desplazamiento a Madrid. En realidad el objetivo es hacer de las declaraciones de los familiares, una acusación contra los abogados; eso es lo que intuímos. Utilizar a los familiares contra los propios presos y contra las personas en las que esos familiares confían para la defensa de los presos. Por tanto, estamos hablando de algo más importante: el derecho a la defensa jurídica.

Hacer frente a esas negaciones es algo que caracteriza a la ciudadanía vasca. Los proximos días, en realidad, se pretende juzgar a los que nuestros familiares han designado para su defensa. Si hay algo que parece frenar esta continua falta de cordura, somos los ciudadanos de a pie. Por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad vasca, el próximo martes, siete de julio, coincidiendo con las primeras declaraciones de esos 14 familiares, a participar en la concentración nacional que hemos convocado aquí, frente al juzgado provincial, a las 12 de la mañana y en la que participarán diferentes agentes políticos, sociales y sindicales.

Euskal preso politiko eta iheslari denak etxean izan arte lanean jarraituko dugu!