ETXERAT (15-4-2020). La única medida que Instituciones Penitenciarias y la administración penitenciaria francesa han aplicado de forma contundente para evitar la propagación de la pandemia en las cárceles de los estados español y francés ha sido la suspensión total de todas las comunicaciones ordinarias y extraordinarias.
Etxerat cuestiona la falta de alternativas a esta medida. En base a los datos obtenidos las últimas semanas a través de los familiares y allegados en su contacto con sus familiares presos, de un total de 55 prisiones, 9 módulos de mujeres y 2 módulos de madres de los estados español y francés, Etxerat manifiesta que son totalmente insuficientes las medidas adoptadas para poder mantener el contacto entre presos y familias.
Por lo que respecta al Estado español, tal y como hemos recabado, los presos y presas conocen a través de las conversaciones telefónicas con sus familiares la posibilidad de realizar videollamadas. En muy pocos casos en las cárceles se les ha informado al respecto directamente a ell@s. Hasta el momento, presos vascos han podido realizar video-llamadas de entre 10 y 15 minutos de duración, mediante el servicio whatsapp, desde las prisiones de Almeria, Cáceres, Castelló Mujeres, Granada (por situaciones excepcionales como muertes de allegados), Herrera, Jaén, Logroño mujeres (permitida pero todavía no realizada), Murcia I (permitida, periodicidad bimensual), Ocaña I, Puerto III, Teruel, Villabona (hombres y situaciones excepcionales), Villena y Zaballa.
Por otro lado, las y los presos no tienen constancia ni conocimiento alguno de que se les vaya a aplicar una reducción de tarifa, tal y como ha propuesto Etxerat, por el incremento de llamadas telefónicas que se está produciendo en esta situación de emergencia, en la que no cabe la posibilidad de comunicar de otra manera. Es decir, no hay tal previsión. En cuanto a la correspondencia, aunque en este ámbito hay que tener cautela por los retrasos y las propias limitaciones adoptadas por Correos, son casi 20 las prisiones en las que no se reparte. Cabe citar aquí el caso de la Santé, con déficit importante de recepción de correo y de llamadas telefónicas.
Existen recursos materiales para que toda la población reclusa acceda a videollamadas, que por otro lado, no generan gasto. Tan sólo hace falta voluntad y unas pautas razonables y claras de funcionamiento, algo factible si tenemos en cuenta que la vida interna de las cárceles está reducida a mínimos, ya que no hay comunicaciones, ni talleres productivos, ni actividades en las dependencias comunes.
En tiempos de incertidumbre y miedos, mayores si cabe para las personas privadas de libertad, y sabiendo que debe haber prioridades para personas enfermas (la persona presa o el familiar) y para presos que carecen de peculio, ¿por qué negar, si es posible, que la persona presa comunique visualmente con su familiar? Es fácil de imaginar la diferencia entre una llamada telefónica y una videollamada, sobre todo en el caso de llamadas a hijos e hijas menores de edad, a padres/madres de cierta edad, personas son problemas psicológicos, con un estado de ánimo bajo, o personas no gravemente enfermas, pero que padecen dolencias crónicas.
¡Las y los queremos vivos y en casa!