ETXERAT. La mayoría del Congreso español, con 244 votos de parlamentarios de PP, PSOE y Cs, ha certificado su apuesta por el inmovilismo y la venganza, como valor sobre el que sustentan su acción política, al rechazar la moción presentada por EH Bildu por la que se instaba a la Cámara a solicitar de las autoridades españolas competentes “tengan en cuenta en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de los presos gravemente enfermos, la legislación vigente, estatal e internacional, para la excarcelación de aquellas personas presas que sufren graves enfermedades”. La iniciativa ha contado con el respaldo de 92 diputados y se han producido tres abstenciones.

Pese a que la iniciativa ponía el acento en el hecho objetivo de que, tanto la sociedad vasca en su gran mayoría, como otras voces también en el resto del Estado español, exigen el fin de la política penitenciaria de excepción aplicada durante las tres últimas décadas a los presos vascos, la petición incluía a la totalidad de presos enfermos en cárceles españolas. No en vano, los últimos datos aportados por el Gobierno español dan cuenta de 418 muertes de presos en cárceles españolas como consecuencias de enfermedades entre 2011 y 2015.

A pesar de sus intentos por intentar hacer creer, reiterándose en la mentira, que la normativa actual se aplica por igual a todos los presos gravemente enfermos, la defensa de los actuales criterios de excarcelación se sustenta en un trato diferenciado que, según entienden PP, PSOE y Cs, los presos políticos vascos deben sufrir por su pertenencia a ETA, una defensa del castigo añadido (una decisión política) por encima de la pena impuesta por los tribunales

De nada han servido las apelaciones al carácter universal del derecho a la salud, lo que debería significar que las estados y sus gobiernos creen condiciones que permitan que las personas puedan vivir lo más saludablemente posible; ni el llamamiento a que la cárcel no restringa la dignidad de las personas; ni tan siquiera la petición de que, en lugar de que las autoridades liberen a los presos para morir, aquéllas se esfuercen en permitirles tener posibilidades de recibir un tratamiento respetando la su dignidad.

En este caso, más allá de la interpretación más restrictiva posible de su propia ley que hace el Gobierno español, mantenimiento de las medidas de excepción contra los presos políticos vascos, la fotografía final de hoy en Madrid ha servido para describir una mayoría parlamentaria que continúa sin querer entrar en el debate en términos de justicia y derechos humanos.

Cabe destacar en este sentido la posición adoptada por el PSOE, similar en fondo a la del PP, que ha aludido a la opción de la aplicación del artículo 102 del reglamento penitenciario, en cuyo caso la determinación corresponde al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española. En total falta de sintonía con la reflexión actual que en relación con las medidas de excepción contra los presos vascos mantiene el PSE, el PSOE se ha sumado a ese planteamiento contrario a dotar de rasgos de humanidad la política penitenciaria, argumentado no estar dispuesto a votar en el Parlamento español lo que “corresponde hacer, en este caso, al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional”.

Etxerat va a seguir trabajando en el apoyo a los familiares y allegados de los presos y exiliados políticos vascos, así como en la consecución de acuerdos con los agentes políticos, sindicales y sociales, para conseguir el final del alejamiento y la libertad para los presos enfermos.