ETXERAT. El pasado martes, 20 de febrero, murió Lurdes Arronategi. Lurdes era de Busturia, tenía 80 años de edad y era madre de cinco hijos, entre ellos, Ibon y Eneko Goieaskoetxea, presos políticos vascos encarcelados en Arles, en el Estado francés, a 750 kilómetros de Euskal Herria y A Lama, a 730 kilómetros de Euskal Herria. Un día después recibimos la noticia de la muerte de Pili García en Sopela. Pili es la madre de Urko Labega, preso político vasco encarcelado en Viilabona, a 440 kilómetros.
Queremos manifestar, en primer lugar, nuestras condolencias a ambas familias y enviar un fuerte abrazo a Ibon, Eneko y Urko, que estarán sufriendo la pérdida de sus amas a tanta distancia de casa, sin haber podido darle un último beso, y al resto de sus familias, así como a sus allegados, amigos y amigas.
Los de Lurdes Arronategi y Pili García no son casos aislados. Desgraciadamente, como tantas y tantas madres y padres de presos vascos, Lurdes y Pili han pasado muchos años viajando de cárcel a cárcel para poder mantener el vínculo familiar. En el caso de Lurdes, además, con la complicación añadida de tener que realizar largos desplazamientos a dos prisiones diferentes, para poder estar unos pocos minutos al mes con cada uno de sus hijos.
Ambas eran mujeres muy fuertes, pero llegó un momento en el que, por su edad, por sus dolencias, por el desgaste de tantos años de esfuerzo físico y mental, no pudieron viajar con la asiduidad que hubieran querido a esas cárceles tan distantes, por lo que ese derecho fundamental a la vida familiar quedó definitivamente pisoteado.
Queremos, por otra parte, agradecer a Lurdes haber aportado su testimonio en el vídeo que la Asociación Etxerat está preparando en el contexto de la dinámica de denuncia de los vértices de la dispersión, concretamente en el trabajo sobre el impacto y las consecuencias del alejamiento en las personas mayores y que presentaremos el próximo mes de marzo. En su intervención, Lurdes incide precisamente en el hecho de que ya no se sentía con fuerza para poder continuar visitando a sus hijos.
La gran mayoría de madres y padres de presas y presos superan los 70 años de edad y en el mismo caso, se encuentran otras personas con vinculación familiar, como tíos y abuelos. La gran mayoría cargan asimismo con el peso de entre 10 y 30 años de viajes forzosos, largos y continuos para poder visitarles y se enfrentan a la posibilidad de no poder seguir viajando. Las limitaciones que impone la edad avanzada, unidas a una situación que ha desgastado su salud viaje tras viaje, les acercan al momento más temido: la renuncia obligada a visitar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos.
No hay solución intermedia. No hay más opción que acercar a Euskal Herria a los presos y presas vascas para poder garantizar el derecho a poder mantener el vínculo con sus familias y allegados. Cuando la Audiencia Nacional española resolvió en 2015 de manera negativa y global a las peticiones de traslado a Euskal Herria presentadas por presos políticos vascos, argumentó, por un lado, que estos recibían visitas, obviando, sin embargo, la ausencia prolongada de visitas de padres, madres y otros familiares directos que por razones de edad y salud ya no pueden mantener ese ritmo vital para seguir desplazándose a largas distancias.
En segundo lugar, el tribunal especial español aludió a que cuando los familiares no pueden acudir a las visitas, se concede a los presos los permisos necesarios para poder visitarles, algo que es rotundamente falso, ya que con estos permisos se refieren a autorizaciones para ser trasladados a una cárcel de Euskal Herria, por un corto plazo de tiempo, si el familiar está en condiciones de realizar una visita ordinaria; a su domicilio o al hospital en otros casos. Se necesitan meses de trámites, informes médicos y recursos para recibir la respuesta, y la autorización o no de estos traslados es absolutamente arbitraria.
En numerosas ocasiones, y a pesar de mediar informes médicos que preveían el inminente fallecimiento de un familiar gravemente enfermo, las autorizaciones han sido denegadas. En realidad, las personas que no están en condiciones de viajar, ven cómo los 40 minutos de visita semanales que, en principio, les garantiza la legislación, son sustituidos por una hora de visita cada varios años, con presencia policial y la ruptura total de la intimidad familiar y la del hogar. Y si arbitrariamente las autoridades penitenciarias deciden denegarla, morirán sin poder ver ni despedirse de sus familiares encarcelados. No es la pena de prisión la que se interpone, sino la de alejamiento.
Reiteramos nuestra tristeza por el fallecimiento de Lurdes Arronategi y Pili García. Queremos recordar y mostrar nuestro reconocimiento a todos aquellos familiares y amigas que nos han acompañado en el trabajo de Etxerat durante tantos años y ya no están con nosotros y nosotras. A todas aquellas y aquellos a quienes está cruel política de excepción ha impedido haber visto realizado su deseo de ver a sus familiares presos en libertad. Y manifestamos, como homenaje a Lurdes y Pili, que vamos a seguir trabajando por lograr, más pronto que tarde, la vuelta de nuestros familiares presos a Euskal Herria en el camino de la paz y la resolución definitiva del conflicto.
¡Las y los queremos vivos y en casa!