ETXERAT. Etxerat quiere denunciar que, un fin de semana tras otro, cientos de ciudadanas y ciudadanos vascos, familiares y amigos de presas y presos políticos vascos, se ven forzados al riesgo de largos desplazamientos, para poder ejercer su derecho a las visitas y recuerda que estos desplazamientos obligados, han costado 16 vidas y cientos de personas heridas.
Este pasado fin de semana se han producido los dos primeros accidentes de tráfico del año. Los padres y dos hermanos de Premin Sanpedro, preso político vasco encarcelado en la prisión de Jaén, a 800 km de su domicilio familiar, colisionaron contra la rueda reventada de un camión que no pudieron esquivar, en la cercanías de Aranda de Duero, cuando se dirigían a Jaén para realizar la visita semanal. Por otro lado, familiares y amigos del preso político vasco Iñaki Arakama, encarcelado en la prisión de Sevilla, a 882 kilómetros de su domicilio familiar, sufrieron el pasado sábado a las 18:00 horas en Béjar, Salamanca, un accidente cuando volvían de la visita del fin de semana, al cruzarse en la trayectoria del vehículo un perro y colisionar posteriormente contra la mediana, no hubo que lamentar daños personales.
Etxerat quiere poner el acento, una vez más, en la ruleta rusa que supone el riesgo real que cada semana corren cientos de familiares y amigos en las carreteras camino de las cárceles. Esos vehículos, los de los familiares y amigos de Sanpedro y Arakama, no debían haber estado en esas carreteras el pasado sábado. Hace ya 28 años de la aplicación del alejamiento de los y las presas políticas vascas que nos fuerza a realizar largos y peligrosos desplazamientos cada fin de semana. ¡Basta ya!
Queremos subrayar asimismo que se siguen manteniendo las medidas de excepción en la política penitenciaria y que pese a algunas lecturas interesadas acerca de los últimos autos y decisiones judiciales, éstas no nos ponen en una mejor situación ya que siguen buscando hacer daño a los presos y a sus familiares y amigos. Por eso, apelamos nuevamente a la sociedad vasca, a su capacidad para evitar que el Gobierno español y francés haga prevalecer las estrategias de venganza sobre el respeto a los derechos humanos.
