ETXERAT. A raíz de la negativa dada por la Audiencia Nacional a los recursos presentados contra la dispersión por algunos presos políticos, Etxerat ha realizado una rueda de prensa masiva esta mañana frente al juzgado provincial de Donostia. A continuación tenéis el texto leído por nuestro portavoces Patricia Belez y Urtzi Errazkin:
El día 29 se dio a conocer la resolución de la Audiencia Nacional sobre el recurso interpuesto por 20 de nuestros familiares encarcelados. Contra esa negativa al acercamiento a prisiones de Euskal Herria, resulta difícil ordenar la serie de despropósitos recogidos en el Auto para intentar dar cobertura legal a una situación que no la tiene. Pero vamos a intentar ser claros:
Primero: El cumplimiento de las penas de prisión lo más cerca posible del domicilio familiar sí forma parte de los derechos del preso. Así lo recogen las normas de derecho internacional, a las que el Estado español, como estado miembro, está obligado.
Segundo: La política de dispersión tiene un diseño muy concreto. No consiste en una simple distribución y separación de nuestros familiares por diferentes prisiones: de los 420 presas y presos políticos vascos que hay en este momento: únicamente 22, se encuentran en prisiones a menos de 400 kilómetros de sus domicilios. Mientras que 330 se concentran en las que distan más de 700 kilometros. Las cárceles más alejadas, son las que mayor concentración de presos registran: 28 en Puerto de Santa María, 16 en Murcia, 13 en Granada... mientras que en las más cercanas, El Dueso, Logroño, Burgos... se encuentran entre 2 y 4 presos.
Tercero: La presunción de inocencia tampoco es uno de los puntos fuertes del gobierno español, por lo que la dispersión afecta a preventivos y penados; es decir, la dispersión se mantiene durante todo el tiempo de estancia en prisión, sean meses o décadas, haya sido el preso condenado o absuelto.
Cuarto: Lo que esto pone en evidencia es que nos encontramos ante una pura y llana operación de castigo. Que además, es también una operación de chantaje; así se desprende de las reiteradas declaraciones del Ministro de Interior: la dispersión se acabará cuando se disuelva ETA. Destinatarios de esta operación de castigo y chantaje y de sus consecuencias, somos nosotros tanto como lo son presas y presos vascos. Nosotras y nosotros: sus familiares, amigos, allegados.... todo su entorno familiar y afectivo, debemos sufrir las consecuencias irreparables del desgaste físico, psíquico y económico al que nos someten.
Hasta aquí lo que es innegable. Lo que la Audiencia Nacional ha venido a avalar, es que tanto nuestros familiares como nosotros mismos, estamos cumpliendo una condena que no ha dictado ningún tribunal. Y eso, a nadie se le escapa, es sumamente grave. De ahí, los malabarismos de los magistrados para intentar dar cobertura legal a lo que no la tiene, para intentar justificar una situación que vulnera derechos y para intentar también esquivar una de sus consecuencias más trágicas: 16 muertes y las responsabilidades que estas 16 muertes exigen.
¿Cómo puede el tribunal negar que el alejamiento erosiona nuestro derecho a las comunicaciones y a las visitas, simplemente haciendo un recuento de las que han tenido lugar en un determinado periodo de tiempo? ¿Dónde valora el coste que esas visitas, ese derecho, carga sobre nuestra salud y nuestra economía? ¿Qué les dirá a los presos cuyos familiares han perdido la vida por acudir a visitarlos? Nada, por supuesto. Porque estas víctimas no cuentan, no existen. El daño, se busca; la responsabilidad, se elude. Y esto no lo podemos permitir: para que nunca más vuelva a pasar, no lo podemos permitir. Estas 16 víctimas deben estar reconocidas.
Cómo puede un alto tribunal recurrir al uso de graves acusaciones en lo que parece la búsqueda desesperada de argumentos para seguir sustentando el castigo añadido y el chantaje? cómo puede hablar de la conveniencia de la lejanía familiar para que no impida la resocialización del preso?
¿Cómo se puede defender una medida que se aplica de manera sistemática y global en nombre de un presunto tratamiento individualizado?
Hemos pasado de las ingenierías jurídicas para mantener a presas y presos políticos vascos en prisión de por vida, a los malabarismos jurídicos para mantener el castigo y el chantaje de la dispersión. Y hemos pasado por 19 folios de tales malabarismos para terminar en lo que siempre hemos sabido y denunciado: la decisión no es de los tribunales sino del gobierno del estado español. La decisión, en otras palabras, no es si afecta o no a los derechos fundamentales, sino si ofrece o no réditos políticos. Y esta decisión, la de continuar con la política de dispersión, con el castigo añadido, con el sufrimiento y el chantaje, es todo cuanto el gobierno de la nación tiene voluntad de ofrecernos en materia de paz.
Que cada cual juzgue.