Creemos que los partidos y agentes sindicales y sociales deben instar de modo urgente al Gobierno español así como al ministro de Interior, al secretario general de InstitucioneS Penitenciarias y las autoridades sanitarias a comparecer periódicamente
ETXERAT (21-4-2020). En las prisiones del Estado español, se han encendido todas las luces de alarma. La falta de aplicación de las medidas específicas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa, entre otros, así como la falta de respuesta a las propuestas realizadas por varias decenas de entidades y agentes sociales, conocedoras la mayoría de ellas de la realidad penitenciaria, ha llevado a una situación de abandono a las personas presas y a sus familiares.
En la actualidad un total de 199 presos y presas políticas vascas cumplen condena en prisiones del Estado español -tan sólo 2 de ellos en cárceles en suelo vasco- y la lista de presos y presas con enfermedades graves e incurables la conforman 17 personas (dos de ellas presas en el Estado francés). La relación de presos vascos pertenecientes a los colectivos de mayor riesgo se completa con dos presos cuya edad supera los 70 años (hay 11 por encima de los 65 años de edad) y con cuatro niños en prisión cos sus madres. Pero, atendiendo a las personas encarceladas en los diferentes centros penitenciarios del Estado español, hablamos de una población que supera, en la actualidad, las 60.000 personas. Esto supone que en cada cárcel conviven, siempre en número superior a la capacidad de cada centro, cientos de personas en las condiciones más propicias para el contagio.
Nuestra primera constatación es la falta de información sobre el avance de la pandemia en las cárceles; una falta de información que sufrimos en el exterior, pero que afecta en primer lugar a las personas encarceladas al ignorar su derecho esta información tanto como su derecho a la salud. Sabemos que periódicamente, se dan una serie de datos sobre el número de presos y de funcionarios afectados, de un modo u otro, por la pandemia, pero entendemos que se minimizan, cuando no ocultan, para esconder la situación real, que sólo podemos calificar de alarmante. Tenemos la primera muestra en que, paradójicamente, las cifras oficiales de personas presas infectadas, es residual, cuando en el caso de los funcionarios de prisiones los casos registrados se cuentan ya por centenares. La medida de aislar a las prisiones del máximo contacto con el exterior, añade hermetismo a un medio ya de por sí muy poco transparente y favorece la ocultación de datos y de información.
Pero sí tenemos constancia de que no se han tomado ni siquiera las medidas básicas prevención y contención de la epidemia: Si al funcionariado de prisiones no se le ha facilitado el acceso a los test, mucho menos a toda la población recluida. Para las presas y presos, tampoco hay guantes, ni mascarillas; no se les ha dotado de ningún elemento de prevención, y en cuanto a los de desinfección no solamente no se les ha proporcionado sino que, en ocasiones, está prohibido. Sabemos que el ejército ha desinfectado algunos centros, pero las personas presas no tienen acceso a la profilaxis que exige la situación y más teniendo en cuenta que siguen obligados a concentrarse en espacios comunes como los comedores.
No se ha reforzado de inmediato la plantilla del personal sanitario en las prisiones y ni siquiera se ha corregido el déficit en asistencia sanitaria en aquellas en las que ya había problemas anteriormente; es decir, no existe plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones.
No se ha excarcelado a la población recluida preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayores de 65 años. Parece que siguen buscando excarcelar únicamente cuando las personas se encuentren gravemente enfermas; lo justo para evitar que fallecimientos figuren en sus estadísticas.
No se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para mantener el vínculo afectivo y evitar las consecuencias de angustia y desinformación. Y tampoco han faltado prisiones en las que, autorizando videollamadas a otros presos, han sido expresamente prohibida a los presos políticos vascos.
Creemos que los partidos políticos en sede parlamentaria y los agentes sindicales y sociales deben instar de modo urgente al Gobierno español así como al ministro de Interior, al secretario general de Instituciones Penitenciarias y las autoridades sanitarias a comparecer y explicar:
- Qué medidas de prevención se han activado para evitar la expansión de la pandemia en las prisiones.
- De qué elementos disponen las personas encarceladas para la desinfección de sus personas, de sus enseres y de los enseres y espacios comunes.
- Qué medios se van a activar, hasta que puedan restaurarse las comunicaciones ordinarias y extraordinarias, para garantizar la vida familiar de las personas encarceladas.
- Por qué no se han aplicado de manera drástica y generalizada las medidas propuestas por los organismos internacionales como la OMS y el Consejo de Europa, así como por las entidades sociales que trabajamos en el apoyo a las personas presas y sus familias.
Entendemos que nosotras y nosotros, como familiares de presos, tenemos derecho a esa información, a saber cómo se está actuando con la salud de nuestros familiares y cuál es el plan asistencial, si es que lo hay, para los casos de enfermedad y contagio. Pero entendemos que esta preocupación, no es únicamente nuestra, y que por la responsabilidad que les corresponde, afecta también a la sociedad en general, a sus agentes políticos, sociales y sindicales, y a sus instituciones.