ETXERAT (2-4-2020). El deportado político azkoitiarra Jesús Ricardo Urteaga Repullés, Txetxu, ha fallecido hoy en Caracas, como consecuencia de una grave enfermedad, tal y como ha informado a Etxerat su familia. Jesús Ricardo tenía 62 años de edad. Detenido y encarcelado en el Estado francés en marzo del año 1984, ese mismo año fue deportado a Venezuela en donde ha residido desde entonces.

Etxerat quiere mostrar públicamente su tristeza por esta pérdida y manifestar nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a los familiares y allegados de Jesús Ricardo, que hacemos extensiva a todos los familiares y allegados de los deportados políticos vascos y de quienes quienes todavía hoy sufren la cárcel o el exilio.

Los familiares y amigos de los deportados políticos vascos seguimos estando obligados a recorrer miles y miles de kilómetros, al objeto de mantener el vínculo afectivo con las personas que queremos, lo que ha supuesto y supone, además, una sangría económica derivada de realizar largos viajes durante más de tres décadas, y el consiguiente desgaste sicológico y físico.

En base a acuerdos bilaterales alcanzados entre los estados español y francés con los gobiernos de los países de destino, las deportaciones se impusieron a finales de los años 80 sin ninguna opción de defensa por parte de quienes fueron alejados a otros continentes, y sin ninguna base jurídica o legal. La deportación ha supuesto, además, una condena añadida, ya que el tiempo transcurrido desde que se iniciara no se computa en ningún caso. En todo este tiempo han sido 70 las personas que lo han sufrido, de las que 12 han fallecido.

Tras la muerte de Txetxu, quedan aún deportados en Venezuela: Eugenio Barrutiabengoa Zabarte; en Cuba: Josu Abrisketa Korta, José Angel Urteaga Martínez e Iñaki Rodríguez Muñoa; y en Cabo Verde: Tomás Linaza Etxebarria, José Antonio Olaizola Atxukarro, Emilio Martínez de Marigorta y Félix Manzanos Martínez.

Ya es hora de desbloquear de manera definitiva esta anacrónica y dolorosa situación. Etxerat insiste una vez más en que se debe poner fin, 36 años después, a una situación arbitraria y las autoridades españolas deben dar los pasos necesarios para que los deportados políticos vascos puedan volver a Euskal Herria.