ETXERAT. El delegado del Gobierno español Carlos Urkijo denunció en 2013 la designación de Jone Artola como Txupinera de la Aste Nagusia Bilbaína. La semana pasada el juzgado administrativo 1 de Bilbao ratificó la denuncia, en la que se menciona la labor como portavoz en Etxerat de Artola. La asociación ha realizado una rueda de prensa en Bilbo para denunciar la criminalización de Jone y la misma Etxerat, en la que también han participado Artola y familiares que en su día fueron portavoces de la misma asociación. Preguntada por los medios, ha declarado que para algunos la condición de ser familiar de un preso o presa político vasco "es de otra categoría". Así mismo, ha recordado que la familiar Sonia Polo (también presente en la comparecencia) recibió una bala en un sobre cuando fue Txupinera.
Por otro lado, también en la ronda de preguntas, Urtzi Errazkin ha denunciado las declaraciones del lehendakari Urkullu de la semana pasada como "graves e injustificables". Urkullu reconoció aspectos positivos en la política de dispersión. Errazkin se ha preguntado que quiere justificar Urkullu con esas palabras, y le ha recordado las 16 víctimas mortales provocadas por la dispersión. Ha expuesto que recorrer 800 kilometros o 400 kilometros se considera dispersión de igual manera, y que en ambos casos los derechos de los familiares son vulnerados. Errazkin también ha recordado que en ese radio de 500 kilometros que Urkullu no considera alejamiento se produjeron 13 de los 16 accidentes que se llevaron por delante las vidas esos familiares.
A continuación, ofrecemos la rueda de prensa leída hoy:
Comparecemos hoy junto con distintos portavoces que en su día desempeñaron esa misma labor en Etxerat, la asociación que forman los familiares y allegados de presos y exiliados políticos vascos. Lo hacemos para arropar a la persona de Jone Artola, aquí presente, y para denunciar una estrategia de criminalización contra la asociación Etxerat bajo el veto que pretende ejercer el estado español contra ella por su designación como txupinera de la Aste Nagusia de Bilbo de 2013. Entre otras cosas, por haber ejercido como portavoz de Etxerat. ¿Es acaso incriminatorio pertenecer a Etxerat? ¿Es delito u ofensivo poner voz a testimonios de quienes día tras día soportan la carga y el peligro de la política de dispersión? ¿Es delito dar la cara ante vulneraciones sistemáticas de los derechos de cientos de ciudadanos?
Nos consta que el recurso criminaliza a organizaciones asociadas con la solidaridad a los presos políticos vascos. Y en ese resumen, se añade como remate de las acusaciones la labor de portavocía en Etxerat, una asociación que repetimos, trabaja por los Derechos Humanos. La abogacía del estado español y El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbo a instancias del delegado del Gobierno Español en Euskadi Carlos Urkijo, consideran digno a mencionar a la hora de ratificar el recurso, la labor de Jone en una asociación como la nuestra, que trabaja por el reconocimiento, la asistencia y el testimonio de personas a las que se les son negados los derechos que como ciudadanos les corresponde y esas mismas instituciones deberían salvaguardar.
Queremos hacer partícipe a la sociedad de la gravedad de este hecho. Mencionar a Etxerat busca al mismo tiempo criminalizar una labor absolutamente legal y legítima, y desprestigiar nuestra asociación y a todas las personas a las que representamos. Esta estrategia contra el entorno solidario de los presos, contra Jone y Etxerat, deja constancia de la utilización de cualquier oportunidad por parte del estado español, para proseguir en la campaña mediática de difamación que define a nuestra asociación como la “asociación de apoyo a presos de ETA”, y que medios de comunicación al servicio de ese falso relato, reproducen todavía a día de hoy. La labor de Etxerat se desarrolla en el entorno de los DDHH, que sí, efectivamente, afectan cuando se dan vulneraciones a presos, pero también a familiares y amigos, un aspecto que siempre trata de ocultarse. Esa labor es pública, se desarrolla en el entorno de la sociedad vasca, sus agentes y sus instituciones. No podemos entender que la defensa de los DDHH para todas las personas, pueda constituir una ofensa.
Por tanto, creemos que lo que busca es socavar los cimientos de la convivencia y la paz de este país por los que Etxerat, al igual que otros organismos, trabaja. Pero por encima de todo, este veto arremete contra los familiares de presos políticos vascos, los cuales son los que normalmente ejercen de portavoces en Etxerat, como es el caso de Jone. Una víctima más de la dispersión, una medida esta, que afecta además de a la dignidad de las cientos de personas a las que alcanza, a su salud, a su economía, al trabajo, a las relaciones personales, a las intimas, a las familiares, al descanso, al tiempo libre...a la vida. Dificulta nuestra vida y la expone al peligro. 16 veces, ha sacudido a la sociedad de dolor, al sesgar la vida a personas que viajaban para poder ver a sus familiares. Víctimas, a quienes la política de dispersión les ha afectado antes y después de su fallecimiento, no solo a su dignidad. Victimas que se quieren enterrar en el olvido, victimas mortales no reconocidas. Hoy aquí hablamos de la dignidad de cientos de víctimas, las que formamos Etxerat. Personas que luchamos por el reconocimiento de los derechos que nos corresponden.