ETXERAT (1-8-2019). El año pasado en la misma fecha y lugar donde hoy nos concentramos, como en años anteriores, entregamos a Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa y Bakartxo Tejería, presidenta del Parlamento Vasco, una carta dirigida al Lehendakari Iñigo Urkullu. Explicábamos en esa carta nuestra situación, la situación que atravesamos desde hace 30 años los familiares y allegados de presas y presos políticos vascos; la única situación que no ha registrado ningún cambio desde el 20 de octubre de 2011; la única que, en el nuevo escenario, permanece igual que en escenarios anteriores y emplazábamos al Lehendakari a mantener un encuentro con nuestra Asociación.
El lehendakari ni siquiera ha acusado recibo de esta carta y, de la misma forma, ha ignorado nuestra petición. Ha preferido no enfrentarse a la situación que queríamos exponerle, aunque, en realidad, nos consta que conoce muy bien las consecuencias, el daño y las víctimas originadas por la política de dispersión y alejamiento. Por esa misma razón le instamos a que se implique y trabaje de una vez para dar solución a la situación que padecen las personas afectadas por la actual política penitenciaria: más de 4.000 ciudadanas y ciudadanos vascos, entre ellos, niñ@s y menores de edad.
Queremos recordarle su responsabilidad para con estos ciudadanos y ciudadanas, las únicas que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias del conflicto en cuya resolución definitiva todas y todos debemos implicarnos.
Desde que entregáramos esa carta, otros 16 familiares y allegados de 9 presas y presos políticos vascos, han sufrido accidentes de tráfico ocurridos en los desplazamientos a las visitas. Unos desplazamientos impuestos, un riesgo también impuesto por una política penitenciaria de excepción. En un tiempo de aportaciones a la paz y a la convivencia, esta política penitenciaria que no sabemos a quién ni cómo beneficia, pero sí sabemos a quién y cuánto hace sufrir, es el mayor lastre para la sociedad vasca.
Queremos llamar también la atención sobre el juicio que se celebrará a partir del 16 de septiembre. Una nueva demostración de la facilidad con la que se pueden poner trabas y dificultades a un proceso de paz. 47 ciudadanas y ciudadanos vascos van a ser juzgados por atender médica y jurídicamente a nuestros familiares encarcelados, por trabajar por los derechos humanos y la resolución del conflicto, por ser familiares o por ser solidarios. Sabemos que no se les acusa por ninguna de estas razones; lógicamente, no podrían hacerlo pero detener y encarcelar ciudadanos vascos bajo el paraguas de “todo es ETA”, es mucho más sencillo.
Dos de nosotras, dos familiares, serán juzgados bajo esta acusación por su labor de ejercer de portavoces de Etxerat en reuniones, encuentros, entrevistas y comparecencias con agentes políticos, sindicales y sociales, instituciones (entre ellas, el Gobierno Vasco), organizaciones de DDHH y medios de comunicación, dentro y fuera de Euskal Herria. Una labor que en todo momento se ha hecho pública y se ha dado a conocer.
Trabajar, atender a presas y presos políticos vascos, trabajar y atender a sus familiares, defender el respeto a los DDHH de todas las personas, aceptar el compromiso con la resolución será complicado, seguramente, en cualquier proceso de paz; en Euskal Herria puede ser, además, peligroso.
Por eso, queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a los 47 ciudadanas y ciudadanos vascos que serán juzgados el día 17 y, especialmente, a nuestras dos compañeras Izaskun Abaigar y Nagore López de Luzuriaga. A sus familias también, las 47 familias que, en este nuevo escenario, viven la angustia de escenarios que ya deberían haber quedado atrás.
No es una solidaridad ni un apoyo sin contenido ni recorrido el que queremos hacerles llegar. Es nuestro compromiso de seguir trabajando y defendiendo nuestro derecho a hacerlo. Seguiremos trabajando en clave de aportación a la paz y a la convivencia, en clave de resolución y en clave de futuro: que lo que ha ocurrido nunca más vuelva a ocurrir.