ETXERAT (24-4-2020). Se van sucediendo los días de confinamiento y, también, las dolorosas consecuencias que la pandemia está dejando caer sobre la sociedad vasca. Como para toda la ciudadanía, nuestra familia es nuestra mayor inquietud, y, principalmente aquellas personas a las que estas circunstancias hacen más vulnerables. Por eso miramos, con especial inquietud, a las prisiones de los Estados español y francés donde de nuestros familiares y, en general, todas las personas encarceladas, exigen toda nuestra atención.
Sabemos con certeza que, sobre su condición de personas, ha prevalecido su condición de presos. Y con esto no queremos decir de personas privadas de libertad, sino de personas cuyos derechos, y entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la vida, no tienen relevancia frente a un régimen penitenciario basado en las privaciones y en las restricciones.
Cuando han transcurrido más de 40 días desde que se declarara el estado de alerta en el Estado español, ninguna de las medidas específicas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa, o el Comité para la Prevención de la tortura, entre otros, se ha puesto en marcha. Ninguna de las propuestas realizadas por más de 50 entidades y agentes sociales, ha sido tomada en consideración. No se ha buscado reducir la superpoblación penitenciaria procediendo a la excarcelación de presas y presos en situación de libertad condicional y buscando medidas alternativas a las penasprivativas de libertad. No se ha procedido a la liberación de las presas y presos encuadrados en los dos grupos de mayor riesgo; esto es, las personas con graves enfermedades y las mayores de 65 años. No se han reforzado los servicios médicos, ya de por sí deficitarios. No se ha dotado a presas y presos de elementos de prevención, protección ni desinfección. Las únicas medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias son las que elevan la reclusión y recortan los lazos familiares, pero ni una sola de las necesarias para reducir la exposición al contagio de las personas encarceladas.
En esta situación, el alejamiento, que sigue operando como el castigo que nos han impuesto por ser familiares de presas y presos vascos, aumenta la inquietud, el temor y la angustia. Y también la incertidumbre ante las restricciones que se puedan mantener aún en la anunciada desescalada, porque cualquier limitación hará aún más difíciles los largos desplazamientos cuando en las cárceles se restablezcan las visitas. Por eso entendemos que en esa desescalada debe procederse, en cuanto sea posible, al acercamiento de presos. En cuanto sea posible, sin mayor dilación. Porque cuando, pasado este ciclo, que tan duro y difícil está siendo para todos, la sociedad vasca camine hacia la normalización, debe hacerlo, de una vez por todas, sin lastres y sin sumar ya más sufrimiento.
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