Se cumplen 33 años desde que se activara de manera generalizada y sistemática
ETXERAT (1-2-2020). Recientemente la ciudadanía vasca volvió a llenar las calles de Bilbo y Baiona en una nueva movilización multitudinaria. No ha sido la única expresión de rechazo a la actual política penitenciaria de la ciudadanía vasca: una indiscutible mayoría social, política y sindical se ha posicionado repetidamente por el fin del alejamiento y por un cambio en materia penitenciaria. Recordamos los acuerdos de junio de 2018 de la totalidad de los sindicatos de Navarra y la CAV. Las posteriores declaraciones institucionales de los parlamentos vasco y navarro. Las más de 60 mociones municipales; las concentraciones que, el último miércoles de cada mes, realizan en Bilbo todos los sindicatos, y la última y más reciente declaración del Parlamento de Nafarroa por el acercamiento. Pero, hasta el momento, el Gobierno español, sujeto a otros intereses, sigue sin atender la demanda social.
Tampoco podemos olvidar que, en junio de 2018 y en sus primeros días de gobierno, Pedro Sánchez anunciaba cambios en la política penitenciaria. Y si desde entonces si se han dado algunos traslados a cárceles menos alejadas, también se han dado otros a cárceles más alejadas. Se han dado también algunas progresiones de grado, pocas y en casos contados mientras una amplia mayoría de nuestros familiares sigue en 1º grado y aún persisten injustificadas situaciones de aislamiento. Una actitud titubeante por parte del Gobierno español que sólo demuestra que aún se aplica de manera universal y sistemática una política penitenciaria diferenciada y de excepción.
Pero nuestra situación no admite demoras ni titubeos. Han pasado ya 19 largos meses desde aquel anunciado cambio en materia penitenciaria que aún no se ha dado. Han sido 83 fines de semana más; 83 fines de semana de riesgo impuesto para los centenares de personas que debemos afrontar largos desplazamientos. Y ese riesgo impuesto se ha traducido en 18 accidentes en los desplazamientos a las visitas, 16 de ellos en el Estado español, con 38 personas afectadas, un niño de meses entre ellas; heridos graves, hospitalizaciones, elevados daños materiales… sufrimiento.
TESTIMONIO 1: Me llamo Ana Igarriz. A finales de diciembre de 2017, junto con mi madre y mi tía, volvíamos de la prisión de Castelló y sufrimos un accidente de tráfico muy grave, cuyas peores consecuencias las padecieron mi ama y mi tía. Permanecimos hospitalizadas varios días. Las secuelas, físicas y psíquicas son para siempre. Hoy es el día que mi ama las sigue padeciendo. 942 familiares y amigos de presas y presos políticos vascos hemos pasado por esto. Son los frutos del alejamiento.
TESTIMONIO 2: Soy Xochitl Karasatorre. Desde que tenía 7 años debo recorrer miles de kilómetros para visitar a mi padre. Solo puedo elegir entre renunciar a verle o mantener mi derecho a la familia. Es mi padre, y es mi derecho, pero tiene un precio: mi vida entera, mi infancia, mi adolescencia, mi trabajo, mis estudios, están condicionados por las horas de visita, las horas en carretera, el dinero que necesito para estos viajes… El alejamiento dispone por completo de mi vida, porque no vivo esta situación porque mi padre está preso, sino porque está alejado.
TESTIMONIO 3: Soy Josune Dorronsoro. Desde hace 27 años mi vida está sujeta a la carretera. Para ver a mi hermano necesito recorrer 2.200 km. No puedo elegir cuándo ponerme en carretera, las fechas y los horarios, como la distancia y el riesgo que corremos, son una imposición. Yo sólo elijo visitar a mi hermano porque es mi familia y mi derecho. Pero nos han puesto un precio muy alto que pagamos con nuestra salud y nuestra economía. Esta es la situación de cualquiera de los familiares que hoy veís aquí y la de muchos más que no están presentes.
¿Sabe todo esto el Gobierno español? Lo sabe. ¿Tiene constancia de cuántos accidentes sumamos ya, de cuántos heridos, de cuántas víctimas mortales desde que nos condenaron a sufrir por ser familiares? ¿de a cuántas personas convierte en víctimas potenciales cada fin de semana? ¿Tiene constancia de cuántos familiares no tienen ya derecho a las visitas porque no pueden afrontar la carga y las consecuencias de tantas horas en carretera? La tiene, porque el objetivo primero del alejamiento es la utilización del sufrimiento que nos ocasiona. ¿Cuánto más sufrimiento quiere añadirnos el Gobierno español?
Han transcurrido ya 33 años desde que se activara esta política penitenciaria. Nunca tuvo justificación, porque desde sus fundamentos era vulneradora de derechos y generadora de sufrimiento. Ahora, tampoco hay excusas. Es hora ya de ponerle fin. Es hora ya de atender la demanda de la sociedad vasca. Es hora de darle a la sociedad vasca la oportunidad de mirar y de caminar hacia adelante.