En nombre del Foro Social,, Nazario Oleaga, Nekane Altzelai y Agus Hernan han ofrecido una rueda de prensa para definir los siete objetivos de la segunda fase de la reintegración de las personas presas de motivación política. Como integrante del Foro Social que es Etxerat y dado el interés de la comparecencia, traemos aquí lo manifestado

ETXERAT (29-6-2021). El pasado 31 de mayo, hicimos público un documento titulado “Balance de la primera fase del cambio de política penitenciaria”.

Este balance lo resumíamos de la siguiente manera: “Algunos de los objetivos marcados para la primera fase se están cumpliendo de manera razonablemente satisfactoria, los aspectos más sangrantes de la excepcionalidad penitenciaria (aislamiento, primer grado, alejamiento y dispersión) están cerca de superarse y la transferencia en materia penitenciaria está firmada”.

Además, hoy podemos afirmar con satisfacción, que el plazo de verano que nos habíamos marcado para culminar esta fase se está cumpliendo.

Es conveniente recordar brevemente los principales hitos que han permitido superar la larga fase de inmovilismo que, en este tema, caracterizó al gobierno de Mariano Rajoy.

El debate realizado por EPPK en 2017, la disolución de ETA el 4 de mayo de 2018, los consensos sociales, sindicales, políticos e institucionales alcanzados en el País Vasco y Navarra y la moción de censura del 1 de junio de 2018 fueron los hechos relevantes que abrieron un escenario completamente nuevo para el desbloqueo y la posible resolución de esta cuestión.

El objetivo de la sociedad vasca sigue siendo que todas las personas presas por delitos de motivación política estén en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en los casos que corresponda en tercer grado y aplicándoseles la acumulación de penas cumplidas en el Estado francés y, sobre todo, participando activamente en un itinerario de reintegración que aporte a la construcción de la convivencia democrática. Esta es la mejor garantía para un itinerario exitoso de reintegración.

Entendemos que el curso 2021-2022 deberá permitir afrontar la segunda fase desde un campamento base, una situación, completamente diferente a la de hace solo 22 meses, cuando se produjeron los primeros acercamientos con el Gobierno de Sánchez.

Pasamos a caracterizar esta segunda fase.

Vayan por delante dos cuestiones significativas:

  • Consideramos como una etapa transitoria la situación actual con la mayoría de las personas presas encarceladas en centros penitenciarios periféricos a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y en segundo grado;

  • Consideramos que el cambio en política penitenciaria no va a ser lineal, si bien la nueva situación política que se vive en el país desde hace diez años demanda avances hacia la superación de la problemática de las personas presas.

Para esta segunda fase, el Foro Social Permanente se marca siete objetivos:

  • a.- La superación en un plazo razonable de la actual etapa transitoria y el avance hacia el escenario de cumplimiento de las penas por parte de todas las personas presas por delitos de motivación política en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

  • b.- La progresión a tercer grado de las 119 (112 en 2º grado y 7 en 1º o 1º 100.2) personas que ya han cumplido la mitad de la condena y reúnen los requisitos objetivos necesarios, superando el tapón existente actualmente en el segundo grado.

  • c.- El acceso a los permisos ordinarios de salida de otras 34 personas más que ya han cumplido al menos ¼ de la condena y reúnen los requisitos objetivos necesarios el disfrute de los mismos.

  • d.- La necesidad de definir un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes (incluidas las personas presas), permita el acompañamiento a estas en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a libertad condicional como en la posterior reintegración social.

  • e.- Un itinerario de reintegración que deberá reunir las garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias y las autoridades competentes, poniendo los recursos y las políticas coherentes necesarias.

  • f.- Afrontar de manera urgente el aspecto aún pendiente de la primera fase y de su “Agenda urgente de resolución” (septiembre de 2018), referente a la acumulación de penas cumplidas en el Estado Francés.

  • g.- La necesidad de afrontar una solución adecuada y acorde con el nuevo tiempo político a la cuestión de las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003. Una cuestión no exenta de complejidad, donde se deberán seguir los estándares internacionales empleados en la resolución de conflictos, orientando todos los esfuerzos a dar una solución permanente al problema y a la consolidación de la paz y las garantías de no repetición, tratando de ser innovadores y erradicar una legislación que nació como consecuencia de una estrategia antiterrorista ya innecesaria, bajo la lógica del endurecimiento de penas. En ese sentido, para cerrar el conjunto de consecuencias padecidas, abogamos por la búsqueda de formas de justicia transicional similares a las aplicadas en otros procesos a nivel internacional.

La construcción de este “campamento base” ha sido posible, fundamentalmente, por la voluntad política de las partes implicadas – Gobierno español, vasco y EPPK- pero ha venido impulsado y acompañado por el consenso construido durante años en el plano institucional, político, sindical y social.

Son numerosas las declaraciones institucionales, políticas, sindicales y sociales que ahondan en este consenso. No solo en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra y en la Mancomunidad Vasca de Iparralde o desde la unanimidad sindical, sino también en el propio Congreso español, en el Ayuntamiento de Barcelona o de París, en el Parlament de Catalunya y desde la propia Comunidad Internacional.

Hay que destacar también el enorme trabajo que vienen realizando organizaciones como Sare, Etxerat, Bake Artisauak-Bake Bidea o los sindicatos para mantener esta cuestión en la agenda social y en el espacio movilizador, incluso en el contexto del Covid-19.

De cara a esta segunda fase, entendemos que existen las mayorías y consensos transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales suficientes para que estas cuestiones entren en una fase integral y definitiva de resolución.

Después de largos años de desconfianzas cruzadas, hoy se están generando las condiciones de confianza necesarias entre los diferentes actores para seguir avanzando con garantías.

En este sentido, además del consenso base de “aplicación de una política penitenciaria normalizada”, nos congratulamos del consenso extendido en torno a dos ideas fuerza que nos parecen fundamentales para poder afrontar la segunda fase desde una perspectiva de resolución integral e integradora:

  • “Solucionar la cuestión de las personas presas sería una aportación a la convivencia democrática”

  • No se trata de “víctimas o presos” sino de “víctimas Y presos”.

Estas dos ideas, en las que el Foro Social Permanente viene trabajando desde su creación, han ido calando como un sirimiri en los diferentes sectores con responsabilidad en la resolución de esta cuestión.

Para finalizar, queremos alertar de las dificultades que prevemos.

Somos conscientes de los peligros y obstáculos que pueden surgir antes de encarar una solución definitiva en esta materia.

El lobby, pese a que hoy no condiciona el cambio de la política penitenciaria, sí tiene espacios en los que su agenda anti-resolución pesa mucho e intentará condicionar esta segunda fase hasta límites insospechados.

De hecho, estamos ya trabajando en un número monográfico del Behatokia sobre este lobby tan bien implantando en la Audiencia Nacional.

Asimismo, esperamos que se destierre cualquier tentación de obtener un rédito político de lo que es una cuestión tan importante para la cohesión social y la construcción de la convivencia democrática en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

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