ETXERAT. Decíamos en una primera valoración sobre la instrucción I-3/2017 de Instituciones Penitenciarias, que su objetivo era el de recortar márgenes a la interpretación de la legislación y obligar a adoptar la más restrictiva para la excarcelación de los presos políticos vascos gravemente enfermos. Tras la respuesta del Gobierno español a la pregunta realizada por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, sabemos que no nos equivocamos, y sabemos más todavía de lo que en su momento calificamos como exhibición de la crueldad: que los presos vascos gravemente enfermos, solo serán excarcelados cuando haya peligro patente para su vida, y que “como peligro patente para la vida, ha de entenderse aquella situación en la que el fallecimiento es previsible, con razonable certeza, en menos de dos meses”.
Nuestra valoración, tampoco quiere dejar espacio a la libre interpretación: la voluntad del Gobierno español es la de causar dolor. Dolor físico, a personas que ya sufren una grave enfermedad. Dolor, al negarles el acceso al tratamiento médico que requiere su enfermedad, a las posibilidades de estabilización, de alivio. Dolor, como el que padecerán personas que, en la fase terminal de su enfermedad, no van a poder acudir a una Unidad del Dolor ni a cuidados paliativos. Dolor físico, hasta el final. Y dolor mental, como sufrimiento añadido a sus dolencias. Como el de los presos con enfermedades mentales gravísimas. Como el que causa a todos, a los propios presos enfermos y sus familiares, saber que el gobierno español nos condena a sufrir hasta la agonía.
No podemos dejar de recordar la definición de la ONU en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles: “Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Y queremos preguntar, no sólo al Gobierno español, responsable primero y directo, sino a toda la clase política, a todas las fuerzas sindicales, a todos los agentes y asociaciones que trabajan en el ámbito de los DDHH. ¿Dónde está, si es que la hay, la diferencia entre el contenido de la Instrucción I-3/2017 y un acto de tortura? Entonces ¿qué nombre debemos darle a esta declarada voluntad de ensañamiento del Gobierno español?
Pero aún hay algo que añade a esto mayor gravedad que la que ya tiene. Y es que esta medida que el Gobierno español llama “adaptación a la nueva regulación del Código Penal”, se haya activado apenas un mes antes de hacerse efectivo el desarme de ETA, y que haya sido tres semanas después, cuando ha concretado, con todo ensañamiento, con toda crueldad, el plazo de agonía en el que excarcelará a los presos gravemente enfermos.
Lo decíamos también anteriormente: la legislación penitenciaria española se ha venido manejando continuamente, para adaptarla en cada momento, a la medida que exige la venganza. Y podemos ver que la venganza exige en este momento, apuestas muy fuertes. El Gobierno español, trata de dar cuerpo legal a la coacción, a la venganza y al ensañamiento. No creemos que la sociedad vasca quiera permitirlo. Y llamamos a los agentes políticos, sindicales y sociales y a las Instituciones, garantes del respeto a los DDHH, a implicarse, responsable y urgentemente, para frenar la actuación desquiciada del gobierno español. Responsable y urgentemente, como la situación lo requiere.
En este contexto, nos sumamos a la manifestación convocada por Sare este próximo sábado día 6, en Gasteiz, a las 5:30 de la tarde, en demanda de la excarcelación de los presos vascos gravemente enfermos. Emplazamos a la sociedad vasca a estar también allí. Para que situaciones como la que hoy hemos denunciado, no consigan empujar hacia atrás el escenario de paz que queremos alcanzar. Es responsabilidad de todos y todas. Nosotros y nosotras, aceptamos la nuestra y trabajaremos, seguiremos trabajando, en consecuencia.
