ETXERAT. Las entidades y personas que conformamos el espacio Foro Social Permanente estimamos que las medidas y pasos concretos contenidos en estas recomendaciones son, no solo beneficiosos, sino también necesarios para la construcción de un futuro de convivencia plena y normalización social y política en nuestro país.

Entendemos también que, teniendo en cuenta el nuevo escenario generado el pasado día 8 de abril, la base de esa normalización social y política se ha de construir interpretando las normas y leyes en la perspectiva de cerrar definitivamente un ciclo de conflicto armado, superar sus consecuencias y transitar eficazmente hacia un nuevo escenario de convivencia y paz integral.

Desde el convencimiento de que estos pasos y medidas son necesarias para la construcción de una convivencia basada en unas bases solidas, entre ellas el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de todas las personas.

Desde la perspectiva de que el cumplimiento de las penas de las personas presas debe siempre y en todos los casos regirse por los principios de humanidad y búsqueda de su reinserción social.

Constatamos que el Estado Español mantiene a día de hoy en una posición de gestión de la política penal y penitenciaria más propia de tiempos ya superados y caracterizada por principios y objetivos políticos y no jurídicos. Desde este diagnóstico, en el Foro Social Permanente entendemos que la sociedad civil debe jugar un papel fundamental en desatascar los bloqueos que impiden que esta problemática se encare desde propuestas razonables, dentro de las oportunidades que ofrece una interpretación flexible de la legalidad penitenciaria vigente enmarcada en el nuevo escenario político.

Con este fin trabajaremos en la implicación de la sociedad civil en la implementación de las conclusiones presentadas. Para ello, pondremos en marcha las siguientes iniciativas:

1.- Facilitar todos los marcos de diálogo bilaterales o multilaterales que sean necesarios con los Gobiernos de Navarra y Vasco, las instituciones y entre partidos políticos, sindicatos y otros agentes de la sociedad civil para avanzar en la prefiguración de la citada hoja de ruta. Con este fin, iniciamos a partir de hoy una ronda de contactos con las instituciones y el conjunto de agentes políticos y sociales del país con el objetivo de dar los primeros pasos para alcanzar el citado objetivo.

2.- Al mismo tiempo, solicitaremos reuniones con los colectivos de presas y presos políticos en las cárceles de los estados español y francés con el fin de presentarles estas conclusiones y recoger sus aportaciones.

3.- La resolución de este aspecto adquiere profundas implicaciones y derivadas sociales, como lo es la de superar una situación de violencia y construir un escenario de convivencia normalizado. En este sentido, buscaremos generar espacios de colaboración con y entre los principales movimientos y sectores del país que trabajan hoy en día en clave de defensa de los derechos fundamentales, de construcción de la convivencia, de resolución y de paz, tanto aquí como aportando en otros conflictos del mundo.

4.- Consideramos que sería interesante y aconsejable la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico que pudieran analizar, elaborar e impulsar iniciativas jurídicas con las que buscar desbloquear y desmontar todo el entramado de medidas y normas de excepción en base a las cuales cumplen hoy en día sus penas las personas condenadas por delitos de motivación política. Nos inspiramos en esta propuesta en la iniciativa puesta en marcha en Iparralde y el estado francés, con juristas de muy diverso origen profesional e ideología política, a los que une este trabajo práctico de buscar el camino y la aportación a esta necesaria resolución.

5.– Miramos de manera especial al mundo de los sindicatos, la universidad y la comunidad religiosa de nuestro país. Tres sectores con un gran peso en nuestra sociedad y que pueden ser determinantes en la activación de una corriente social mayoritaria para la resolución de esta problemática, sin perjuicio de la activación de otros sectores.

6.- Somos conscientes de la importancia que tiene en este tema la opinión pública del Estado español. En este sentido, trabajaremos de manera coordinada para ayudar a emerger una corriente de opinión en el mundo del derecho, la universidad, la política, los sindicatos, las ONG de derechos humanos y los profesionales de los medios de comunicación. Una corriente de opinión desde el conjunto del Estado que facilite una evolución de la política penitenciaría hasta ahora aplicada.

7.- En este camino, deseamos seguir contando con la colaboración de la comunidad internacional. Queremos agradecer desde aquí el apoyo dado a estas conclusiones desde el Grupo Internacional de Contacto, representado por el señor Brian Currin, y les reiteramos nuestra solicitud de que nos acompañen en el trabajo de facilitación para que esta hoja de ruta transversal y consensuada sea una realidad lo antes posible. Para finalizar, anunciarles que desde el Foro Social Permanente estamos trabajando ya, en colaboración con Bake Bidea, en la organización de la segunda parte del IV. Foro Social que se celebrará después de verano en Iparralde.  En este Foro se trabajará sobre la problemática penitenciaria específica del Estado francés y la de las personas huidas y deportadas. Las ideas allí expresadas vendrán a complementar las conclusiones hoy presentadas

No queremos terminar sin hacer un llamamiento al estado español y el partido que lo sustenta. Les instamos a que reflexionen y no desaprovechen las oportunidades que recientemente se han abierto. Al mismo tiempo, solicitamos al Gobierno francés que persevere en la actitud tomada con el desarme, profundizando en un camino propio, sin injerencias del Gobierno español, buscando soluciones a la cuestión de las personas presas encarceladas en el Estado francés. A ambos les pedimos que no trunquen el momento de esperanza que vive nuestra sociedad.

Iruñea, 18 de mayo de 2017