Ante la decisión adoptada hoy por la magistrada de la Audiencia Nacional Doña María de los Reyes Jimeno Gutierrez, Etxerat, la asociación de familiares y amigos de los presos políticos vascos quiere manifestar lo siguiente:
- Negar que la dispersión vulnera derechos fundamentales –no solo a los presos sino también a los familiares-, no tiene otro objetivo que el de ocultar, una vez más, las verdaderas consecuencias de la actual política penitenciaria. Cada fin de semana, más de 900 personas se ven obligadas a desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros, con su correspondiente e insostenible coste económico, para poder ejercer su derecho a las visitas, el papel, lo aguanta todo pero la realidad desborda ese análisis. La dispersión vulnera nuestros derechos fundamentales, el derecho a la familia, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física, al obligarnos a pagar el precio más alto física, psíquica y económicamente por no querer renunciar a nuestros lazos afectivos.
- Negar que la dispersión genera un dolor añadido y castiga a los presos así cómo a sus familiares y amigos/as responde no a la realidad sino a otros intereses. Más aún cuando política de dispersión ha provocado, en los casi 26 años que lleva en marcha de manera sistemática –y de momento- 16 muertos y cientos de heridos en las carreteras. La media de accidentes en el 2014 es escalofriante: más de 35 personas afectadas en los 10 accidentes ocurridos en 12 meses, consecuencia de una política que sólo busca sufrimiento y sólo responde al afán de venganza de de determinados sectores políticos
- Una vez más, nos vemos en la obligación de recordarlo, principalmente a los jueces, tribunales e instituciones que deberían ser sus garantes: los derechos humanos no pueden estar sujetos a contrapartidas ni a requisitos. Los derechos humanos se respetan o se vulneran. Y ante su vulneración, no hay justificación ni excusa posible.