ETXERAT. Algunos y algunas de las procesadas por su labor en defensa de los derechos de las personas presas comparecieron ayer en Donostia junto a representantes del ámbito político, sindical y social. Esta es la declaración pública que realizaron:
En otoño de 2013, comenzó la operación policial contra el movimiento Herrira. Posteriormente, llegaron más detenciones: Las de los y las abogadas que se encargaban de la defensa de las y los presos del EPPK, los mediadores de dicho colectivo, de integrantes de la asociación de familiares Etxerat o de miembros de Jaiki Hadi, entidad que trabaja en el ámbito sanitario. En total, 48 personas. 11 de ellas, además, fueron encarceladas de manera preventiva.
Hace escasas fechas hemos conocido los escritos y las peticiones penales de la fiscalía y las acusaciones particulares contra estas personas: la suma de todas ellas supera los 600 años de prisión.
Hemos recibido dichas peticiones con mucha preocupación y quisiéramos alertar de la gravedad de la situación. En otoño de 2017, la vida de estas personas pende un evidente agravio judicial y policial. Asimismo, asistimos con gran inquietud a los efectos que macrosumarios como este puedan acarrear en el actual contexto político y social vasco. Nos disgusta profundamente que ante problemas políticos, el Estado español únicamente opte por la vía represiva. A las peticiones de mayor democracia, el Estado responde con la aplicación de medidas legislativas absolutamente excepcionales. Por desgracia, durante las últimas semanas estamos siendo testigos de ello de forma repetida.
La ciudadanía, desde su pluralidad, quiere hacer frente a los problemas desde parámetros democráticos y pacíficos. Sin embargo, todavía vivimos semejantes excesos antidemocráticos.
A estas personas se les acusa de un delito de “terrorismo” por actividades referidas a los años 2012, 2013 y 2014. Es decir, tiempo después de que ETA dejase su actividad armadas en octubre de 2011. Pese a ello, las peticiones fiscales son muy altas y graves. Nosotros y nosotras subrayamos que han realizado una labor pública y transversal por la defensa de los derechos humanos, la resolución y la paz. Y así lo pueden y podrán atestiguar otros muchos grupos, organismos o agentes de diferentes sectores de la sociedad. Creemos que trabajar en favor de la paz nunca puede ser un delito. Es más, se trata de algo necesario y que cuenta tanto con al aval de la sociedad vasca como de diferentes organismos internacionales.
Prueba de ello son los pasos efectuados en pro de la normalización y la paz en los últimos meses: el 8 de abril, impulsado por los “Artesanos de la paz”, se produjo el desarme definitivo de ETA; Siguiendo la senda de los últimos años, en julio, el EPPK dio cuenta de las conclusiones de su debate interno, en los mismos señalaba “el uso de las vías legales para lograr su libertad” como camino; el 8 de octubre, la dinámica “Yo te creo” para el reconocimiento de la verdad de las mujeres; el reconocimiento de las diferentes víctimas y los pasos dados en favor de la convivencia. Y los que se seguirán dando: Los diferentes agentes sociales, políticos y sindicales, así como las instituciones, están compartiendo agendas en favor de la paz. El deseo de este pueblo es profundizar en la paz y la democracia.
Es increíble que, en este contexto, la situación de las personas presas y exiliadas no cambie en positivo. En pro de una solución política, debemos el vaciado de las cárceles y el retorno del exilio. Partiendo de una exigencia urgente, el respeto a los de los derechos humanos de las presas y presos y de sus familiares. Algo que la política penitenciaria vigente, basada en la excepcionalidad, incumple de manera flagrante. No queremos más vulneraciones de derechos, ni hacia las y los presos ni hacia nadie. Creemos que en este pueblo ya se ha sufrido demasiado. Este país quiere y necesita un futuro mejor.
Una sociedad que desea que todos los derechos de todas las personas sean respetados no puede aceptar atropellos de este tipo. Abrir las vías a una asistencia sanitaria adecuada, optar a una defensa jurídica, la posibilidad de actuar en el ámbito político o desarrollar relaciones sociales y afectivas suponen derechos elementos fundamentales. Sin embargo, mediante este proceso judicial, están siendo gravemente golpeados.
Injusticias como esta evidencian la necesidad de seguir comprometidos con la búsqueda de soluciones proactivas y trabajar por una paz definitiva. Consideramos que la ciudadanía debe contar con un protagonismo principal, por encima de las siglas o las diferentes ideológicas. Un empeño en el que vamos a trabajar de forma decidida con la mayor cantidad de personas y organismos posible, incluidas las personas procesadas en este proceso judicial.
Invitamos a la sociedad vasca, especialmente a los agentes institucionales, políticos, sociales y sindicales, a seguir trabajando en el marco de una agenda compartida por la construcción de la paz. A las y los ciudadanos, les queremos ofrecer marcos de adhesión cercanos a sus ámbitos de actuación, adaptados a sus necesidades. Todo, con el objetivo de acabar con injusticias como esta. Nosotros y nosotras -incluidas estas 48 personas-, mostramos un firme compromiso: Defender los derechos humanos de todas las personas, profundizar en el ejercicio democrático y construir una paz integral.
