- Etxerat denuncia que Instituciones Penitenciarias está tratando de enredar la situación y complicar el trabajo de los psicólogos con las personas presas

ETXERAT. Como ocurre cada dos meses, el preso de Larrabetzu Jose Miguel Etxeandia y su psicólogo tramitaron el permiso para realizar la habitual sesión terapéutica con tres semanas de antelación. La sesión estaba prevista el 22 de septiembre, miércoles, a las 09.30 de la mañana en la cárcel de Topas, Salamanca.

Este procedimiento se repite cada dos meses pero, en esta ocasión, Etxeandia recibió una notificación desde Madrid donde se indicaba que el permiso para que la sesión de terapia se pudiera celebrar se encontraba "en proceso de trámite". Esta ha sido la primera vez que el preso recibe una notificación semejante por lo que este avisó a su familia para que avisaran a la psicóloga. Instituciones Penitenciarias, en cambio, no notificó nada a la profesional a pesar de que era esta tenía quien tenía que trasladarse hasta Salamanca.

Durante esos días, Etxeandia ha preguntado, en varias ocasiones, a los responsables de la prisión por la respuesta; sobre si había llegado ya o si seguía "en trámite". La única respuesta recibida fue la que le transmitió un funcionario: ""si no hay otro tipo de respuesta, esto es lo que hay" .

El domingo 21, tan sólo un día antes del día en el que se debía celebrar la sesión de terapia, la persona que visitó a Etxeandia constató que, todavía, no había otra respuesta.

Así, y sin ninguna otra respuesta oficial, la psicóloga comienza el viaje hacia Salamanca. Viaje que tiene que interrumpir antes de llegar al destino ante la falta de noticias por parte de Instituciones Penitenciarias.

La psicóloga empleó así la mañana del 22 de septiembre, el día en el que debía haberse celebrado la sesión de terapia para aclarar, con los responsables del Centro Penitenciario de Topas, lo acaecido. Desde las 9 de la mañana y hasta las 12.00 del mediodía, la psicóloga se tuvo que poner en contacto con hasta ocho funcionarios del penal. Fue último de ellos, miembro de la "seguridad" quien informó de que "se comunicó al interno, el día 19, que la sesión de terapia había sido aceptada". No sólo eso. Este último responsable acusó, además, a la profesional de "poner en entredicho los procedimientos de la Institución".

El mismo día, el 22 de septiembre, hacia las 13.00 horas, un funcionario se acercó a Jose Miguel Etxeandia y le entregó un papel por el cual se le comunicaba que desde Madrid se había aceptado la sesión de terapia. Eso el mismo día en el que esta se debía haber realizado, a las 09.00 de la mañana. El papel estaba datado el día 19. 

Etxerat quiere denunciar todas las medidas de venganza que se aplican contra los presos políticos vascos. Medidas excepcionales que van en contra de los derechos humanos más fundamentales.

Lo ocurrido con Etxeandia es un ataque muy grave al derecho a la salud. En primer término, porque el preso político de Larrabetzu se encuentra gravemente enfermo por lo debería estar en libertad. Porque tiene derecho. En segundo, porque vuelve a dejar patente la intención de Instituciones Penitenciarias de dificultar y boicotear el trabajo que realizan los profesionales del ámbito sanitario con los presos. Son ya varias las veces en las que se han dado este tipo de situaciones en diferentes prisiones del estado español. Es la política penitenciaria la que ampara la sistemática vulneración de derechos humanos. Una política penitenciaria que lo mantiene, además, dispersado a más de 400 kilómetros de su localidad natal.

Mantienen presa una persona enferma, la dispersan y, además complican, en todo lo que pueden, su derecho a realizar una sesión de terapia con la psicóloga.

Es hora de terminar con la vulneración sistemática de los derechos humanos.